¿Cómo queda la situación laboral de un paciente en diálisis?

La enfermedad renal crónica avanzada es una patología que limita de forma considerable las capacidades de la persona que la padece, especialmente cuando hablamos de tratamiento sustitutivo renal (TSR).
La calidad de vida en el paciente renal crónico es una variable que habitualmente se mide en relación con los TSR y, dentro de ella, existen varios factores a determinar. Uno de ellos es la situación laboral del paciente, que además constituye un importante parámetro de rehabilitación de éste.
La actividad laboral conlleva, además, que la persona disfrute de una mayor estabilidad económica y de un mejor estado emocional, al recuperar en muchos casos la autoestima y las capacidades que en un principio pierde.
La protección social para el paciente que tiene que optar por un TSR de diálisis (ya sea hemodiálisis [HD] o diálisis peritoneal [DP]) durante su actividad laboral, está en España bien definida y permite al paciente y a su familia afrontar con garantías el inicio del tratamiento en diálisis. Aunque la determinación de las capacidades laborales es un proceso de valoración individual y que depende de las limitaciones concretas que en cada persona produzca la enfermedad, podemos afirmar que la mayoría de los pacientes en tratamiento de diálisis pueden obtener una incapacidad laboral permanente (ILP) si no pueden continuar con su actividad laboral.
El trabajador se encuentra en situación de ILP cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, dando lugar a distintos grados de incapacidad.
Existen varios tipos de ILP en función del grado:
• Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
• Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
• Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
• Gran invalidez.
Cuando el paciente, sin embargo, no ha cotizado el número de años necesario o no ha comenzado su actividad laboral, la protección social en España es escasa o nula, de modo que debe buscar un puesto de trabajo acorde a sus limitaciones. En este caso, resulta especialmente importante la obtención del denominado Certificado de Minusvalía, con grado igual o superior al 33%, ya que ello supone unas importantes bonificaciones y subvenciones para la empresa que lo contrate, mientras que para el paciente implica descuentos significativos en su IRPF. Todo ello constituye, sin duda, una ventaja para el paciente renal y una garantía para el empresario a la hora de hacer frente al posible absentismo del trabajador por motivos de salud.
El nefrólogo debe saber que un informe médico completo y exhaustivo (incluyendo la historia médica, antecedentes y morbilidad asociada) puede ser decisivo para que el paciente renal (especialmente el trasplantado) pueda obtener esta ayuda para el empleo. En este sentido, lo que podría parecer un apoyo para que el paciente renal permanezca inactivo se convierte en la herramienta esencial para que consiga un empleo.
En el caso del paciente sin ingresos familiares, que no ha cotizado lo suficiente y que no puede trabajar, éste sólo puede acceder a una pensión no contributiva por invalidez, siempre y cuando esté en posesión de un certificado de minusvalía con grado igual o superior al 65%, porcentaje relativamente fácil de alcanzar por los pacientes en tratamiento de diálisis (sea cual sea la modalidad).
Una vez que el paciente renal recibe el trasplante, la protección social que a menudo le ofrece el sistema cuando está en tratamiento de diálisis se ve seriamente reducida y se determina que ya está rehabilitado y puede volver a su actividad laboral (lo que se valora también de forma individualizada y en función de su profesión habitual). No se tiene en cuenta, sin embargo, los años que ha pasado el paciente fuera del mercado laboral ni tampoco se le ofrecen las ayudas necesarias para una adecuada rehabilitación social y profesional.
Casi la mitad de los pacientes que inician diálisis están en edad laboral, es decir, tienen entre 16 y 65 años, y es previsible que la edad de jubilación pueda aumentar en los próximos años.
Por todo ello, se vuelve determinante la decisión que tome el paciente sobre su opción de TSR y la posibilidad de continuar o no con su actividad laboral, así como la necesidad de cambiar de modalidad de tratamiento según sus circunstancias.

Nefrologia 2012;32(4):439-45

Dra Ana Mª Oltra
Coordinadora Blog Renal
Nefrología. CHGUV